La aprobación de la reforma política de la Ciudad de México y la consecuente conformación de una Asamblea Constituyente con 40 de los asambleístas por asignación directa y el resto por la vía de los partidos políticos y candidaturas independientes, es una propuesta que surge desde los grupos políticos en el poder cuya visión es conservadora, patriarcal y heteronormada, que obedece a un reacomodo de los poderes fácticos y antidemocráticos; alejada de la construcción social que en su momento movilizó al movimiento urbano-popular como respuesta al pasmo gubernamental federal y local ante las devastadoras consecuencias del terremoto de 1985; es una visión apartada de la vocación democrática de las fuerzas políticas y sociales que impulsaron el plebiscito en 1993 que proponía una constituyente y no sólo una reforma, y de los cambios que en 1997 impulsaron la democratización de la jefatura de gobierno; y por supuesto, lejos de los planteamientos ciudadanos, progresistas y feministas que se han construido y consolidado en las últimas dos décadas.


